El general que dijo no

La mañana del 22 de octubre de 1970, en una esquina del barrio acomodado de Santiago de Chile, un automóvil oficial se detuvo en seco. El hombre que viajaba en su interior tenía cincuenta y seis años, vestía uniforme militar y respondía al nombre de René Schneider Chereau, comandante en jefe del Ejército de Chile. No iba escoltado. Era un militar de costumbres austeras, de los que rechazaban la pompa, y aquella mañana se dirigía a su trabajo como cualquier otro día laborable.

Entonces aparecieron los otros vehículos, cerrándole el paso. Hombres armados rodearon el automóvil del general. Lo que estaba previsto como un secuestro limpio —subirlo a la fuerza a otro coche, sacarlo de circulación durante unos días decisivos— se torció en cuestión de segundos. Schneider, según las reconstrucciones judiciales posteriores, intentó defenderse. Sacó su propia arma. Los asaltantes dispararon.

El general cayó herido de gravedad, con varios impactos de bala en el cuerpo. Lo trasladaron al Hospital Militar, donde luchó por su vida durante tres días bajo la mirada conmocionada de un país entero. Murió el 25 de octubre de 1970. No había sido un accidente, ni un atraco común. Había sido una operación planificada para alterar el rumbo político de una nación entera. Y detrás de los hombres que apretaron el gatillo había hilos que se extendían mucho más allá de Chile.

Un obstáculo con nombre y apellido

Para entender por qué un general austero, ajeno a las intrigas, terminó tiroteado en una esquina de Santiago, hay que retroceder apenas unas semanas. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende, médico socialista y candidato de la coalición Unidad Popular, había ganado las elecciones presidenciales chilenas con una mayoría relativa. No había alcanzado la mayoría absoluta, de modo que, según la Constitución chilena de la época, correspondía al Congreso Pleno ratificar al ganador, una votación prevista para el 24 de octubre.

Allende era marxista. Proponía nacionalizar el cobre, profundizar la reforma agraria y reorientar la economía hacia el socialismo por una vía democrática e institucional. Para los sectores conservadores chilenos, y sobre todo para el gobierno de Estados Unidos presidido por Richard Nixon, su llegada al poder era una amenaza intolerable en plena Guerra Fría. La idea de un segundo país latinoamericano alineado ideológicamente con el bloque soviético —después de la Cuba de Fidel Castro— resultaba inaceptable en Washington.

En ese clima, Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, ordenaron a la CIA impedir que Allende asumiera la presidencia. Las instrucciones, según se documentó años después en investigaciones del Senado de Estados Unidos, se dividieron en dos vías. La primera, conocida como Track I, buscaba maniobras políticas y económicas para bloquear la ratificación en el Congreso. La segunda, el Track II, era más oscura y más directa: promover un golpe militar que evitara la asunción de Allende, manteniendo todo el operativo en absoluto secreto, incluso al margen del propio embajador estadounidense en Santiago.

Aquí aparece el obstáculo. El general René Schneider encarnaba una doctrina que llevaría su propio nombre: la llamada "Doctrina Schneider", según la cual las Fuerzas Armadas debían permanecer subordinadas al poder civil y respetar escrupulosamente la Constitución. Schneider había dejado claro que el Ejército no intervendría para alterar el resultado electoral. Si el Congreso ratificaba a Allende, el Ejército lo acataría. Esa postura, profesional e institucionalista, lo convertía en el principal escollo para quienes soñaban con un cuartelazo.

Para los conspiradores, la lógica era brutal y simple: mientras Schneider mantuviera el control del Ejército, no habría golpe posible. Había que apartarlo. Y de ese razonamiento nació la idea del secuestro. La operación no buscaba inicialmente matarlo, sino retirarlo de la escena, generar caos y crear el pretexto para que sectores militares se levantaran y bloquearan la llegada de Allende al poder.

Los grupos que ejecutarían el plan eran facciones de la ultraderecha y militares retirados o en activo dispuestos a romper la cadena de mando. En este entramado destacó la figura del general retirado Roberto Viaux, un militar que ya había protagonizado un conato de rebelión en 1969 y que encarnaba el ala más impaciente y golpista. Junto a él operaba otro grupo vinculado al general Camilo Valenzuela. Ambas facciones conspiraban contra Schneider, a veces de manera coordinada y a veces en una competencia turbia por ser quienes desencadenaran el golpe.

El dinero, las armas y el intento de lavarse las manos

Aquí entra el detalle incómodo que tardó años en salir plenamente a la luz pública. La CIA mantuvo contacto con los grupos chilenos que planeaban secuestrar a Schneider. Según las conclusiones del Comité Church, la comisión del Senado de Estados Unidos que investigó las actividades encubiertas de los servicios de inteligencia a mediados de los años setenta, la agencia entregó dinero y al menos un lote de armas a uno de los grupos conspirativos vinculados a Valenzuela. Hubo entregas de subametralladoras y municiones por parte de agentes estadounidenses a los conjurados chilenos.

Lo que hace este episodio especialmente turbio es el intento posterior de Washington de marcar distancias. Cuando los planes del impredecible Viaux parecieron demasiado prematuros y arriesgados, la CIA habría intentado frenarlo, transmitiéndole el mensaje de que esperara un momento más propicio. Pero ya era tarde: la maquinaria del complot estaba en marcha y los actores locales tenían sus propias agendas. El control que la agencia creía tener sobre los acontecimientos se reveló como una ilusión peligrosa.

El propio Comité Church concluiría más tarde que, aunque las armas específicas entregadas por la CIA podían no ser exactamente las usadas en el atentado mortal, Estados Unidos había alentado, financiado y respaldado el clima conspirativo que culminó con la muerte del general. La distinción entre "secuestrar" y "matar", entre "promover el golpe" y "no ordenar el asesinato", resultaba moralmente insostenible. Se había abierto una puerta, y por esa puerta entró la violencia.

Lo que la bala no logró detener

Hay una ironía amarga en todo este episodio, y conviene mirarla de frente. El asesinato de René Schneider no produjo el efecto que sus autores buscaban. En lugar de provocar el caos y abrir la puerta a un golpe militar, el crimen generó una ola de repudio en Chile. Las Fuerzas Armadas, lejos de sublevarse, cerraron filas en torno a la institucionalidad y a la memoria de su comandante caído. El general Carlos Prats asumió la comandancia en jefe del Ejército y mantuvo la misma doctrina constitucionalista de su antecesor.

Dos días después del atentado, el 24 de octubre de 1970, el Congreso Pleno ratificó a Salvador Allende como presidente de Chile. El 3 de noviembre, Allende asumió el cargo. El plan para frenarlo había fracasado por completo: no solo no lo detuvo, sino que probablemente reforzó el respaldo institucional a su investidura. Schneider, muerto, se había convertido en un símbolo del respeto a la Constitución, justo lo contrario de lo que querían quienes ordenaron apartarlo.

Roberto Viaux fue detenido, juzgado y condenado por la justicia chilena por su participación en el secuestro que terminó en homicidio. Otros implicados también enfrentaron procesos judiciales a lo largo de las décadas siguientes. La sombra del crimen, sin embargo, no se disolvió con las sentencias. Quedó la pregunta de la responsabilidad última, la del país extranjero que había alentado y financiado a los conspiradores desde la distancia.

Esa pregunta encontró eco años más tarde. La familia de René Schneider presentó demandas en tribunales estadounidenses buscando responsabilizar a antiguos funcionarios del gobierno de Nixon, entre ellos a Henry Kissinger, por su papel en los acontecimientos que llevaron a la muerte del general. Las acciones legales no prosperaron en los términos que la familia buscaba, amparadas las instancias oficiales en doctrinas de inmunidad y en los límites de la jurisdicción. Pero el gesto dejó constancia de que la herida seguía abierta.

Es difícil no ver en este episodio un ensayo general de lo que vendría tres años después. El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende, quien murió ese mismo día en el Palacio de La Moneda. Lo que la operación de octubre de 1970 no logró —apartar a Allende del poder por la fuerza— se consumó finalmente, con la misma combinación de actores internos golpistas y respaldo encubierto estadounidense que ya había estado presente desde el principio.

El precio de un principio

La historia de René Schneider es, en el fondo, la historia de un hombre que pagó con su vida el haberse interpuesto entre una nación y quienes querían torcer su voluntad democrática por la fuerza. No era un héroe ideológico ni un militante de la causa de Allende; al contrario, sus convicciones personales probablemente estaban lejos del socialismo. Era, simplemente, un militar que creía que el Ejército debía obedecer a la Constitución y no a las pasiones políticas del momento. Ese principio, en aquel Chile al borde del abismo, resultó letal.

Schneider quedó inscrito en la memoria chilena como el general que dijo no. No a la conspiración, no al golpe, no a la traición de su uniforme. Hoy su nombre figura en calles, en homenajes y en la jurisprudencia internacional sobre las operaciones encubiertas de la Guerra Fría. Murió porque encarnó una idea incómoda para los poderosos: que la voluntad expresada en las urnas merecía respeto, aun cuando esa voluntad incomodara al imperio más poderoso del mundo. La bala que lo derribó aquella mañana de octubre no detuvo a Allende, ni detuvo la historia. Solo confirmó, con sangre, que un país entero había sido convertido en tablero de un juego que se decidía muy lejos de sus fronteras.