El imperio que cabía en una oficina de Londres

En una jornada de junio de 1757, sobre un campo embarrado a las afueras de Plassey, en Bengala, unos tres mil hombres al servicio de una compañía mercantil aguardaban frente a un ejército que los superaba abrumadoramente en número. Llovía. La pólvora del enemigo se había mojado. Y un hombre llamado Robert Clive, que años antes había sido un empleado de oficina aburrido y propenso a la melancolía en la ciudad de Madrás, observaba el horizonte sabiendo que el resultado de aquella mañana ya estaba decidido. No por las armas. Por el soborno.

Mir Jafar, comandante en jefe del ejército del nabab de Bengala, había sido comprado. Cuando comenzó el combate, sus tropas simplemente no avanzaron. El nabab Siraj-ud-Daulah, joven y aislado, huyó del campo a lomos de un camello. Sería capturado y asesinado pocos días después. La batalla de Plassey duró apenas unas horas y dejó relativamente pocos muertos para una contienda que cambiaría el destino de cientos de millones de personas durante casi dos siglos.

Lo extraordinario no es que un ejército ganara una batalla. Lo extraordinario es quién era el vencedor. No era una nación. No era una corona. Era una empresa privada con accionistas, libros contables y una junta directiva que se reunía en un edificio de la calle Leadenhall, en Londres, a más de doce mil kilómetros de distancia.

Aquella mañana en Plassey, una corporación comenzó a gobernar países.

De vendedores de pimienta a recaudadores de impuestos

La Compañía de las Indias Orientales había nacido el último día del año 1600, cuando la reina Isabel I de Inglaterra concedió una carta real a un grupo de comerciantes londinenses. Su propósito original era modesto y enteramente comercial: traer especias del lejano Oriente. Pimienta, clavo, nuez moscada, productos que en Europa valían fortunas. Nadie en aquella reunión inaugural podía imaginar que estaban fundando la entidad que terminaría administrando el subcontinente indio.

Durante su primer siglo y medio de existencia, la Compañía se comportó más o menos como lo que decía ser: una empresa de comercio. Establecía factorías —puestos comerciales fortificados— en lugares como Surat, Madrás, Bombay y Calcuta. Negociaba con gobernantes locales, pagaba aranceles, competía con holandeses, portugueses y franceses. Pero ya desde temprano había hecho algo inusual para una compañía mercantil: armarse. La carta real le permitía mantener tropas para proteger sus intereses. Y esas tropas, lentamente, dejaron de ser una guardia para convertirse en un ejército.

El contexto lo permitió. El Imperio mogol, que durante siglos había unificado gran parte de la India bajo un poder central magnífico, se desintegraba. Tras la muerte del emperador Aurangzeb a comienzos del siglo XVIII, las provincias se fragmentaron, los gobernadores se volvieron prácticamente independientes y el territorio se llenó de potentados rivales. En ese vacío de poder, una corporación disciplinada, con crédito, con barcos y con soldados a sueldo, encontró un terreno fértil para algo más ambicioso que el comercio.

Robert Clive entendió ese terreno mejor que nadie. Había llegado a la India siendo casi un adolescente, contratado como escribiente, y odió el trabajo. Cuentan las crónicas que intentó quitarse la vida en dos ocasiones durante aquellos primeros años de tedio. Pero la guerra le reveló un talento que la contabilidad jamás había tocado. Clive demostró ser un militar audaz, despiadado y extraordinariamente afortunado. Plassey lo convirtió en el hombre más poderoso de Bengala.

Lo que vino después fue, en términos prácticos, un saqueo de proporciones históricas. La Compañía instaló a Mir Jafar como nabab títere y, a cambio, recibió sumas colosales del tesoro bengalí. El propio Clive amasó una fortuna personal que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Europa. Cuando años después tuvo que defenderse ante el Parlamento británico por su enriquecimiento, pronunció una frase que ha quedado grabada: declaró estar asombrado de su propia moderación, considerando todo lo que habría podido tomar.

En 1765, el golpe se hizo definitivo y legal. El debilitado emperador mogol concedió a la Compañía el diwani: el derecho a recaudar los impuestos de Bengala, Bihar y Orissa, una de las regiones más ricas y pobladas del mundo. A partir de ese momento, una empresa privada no solo comerciaba en la India. Cobraba sus impuestos. Administraba su justicia. Y financiaba su propio ejército con el dinero de los gobernados.

Un ejército privado más grande que el de muchas naciones

Aquí está la cifra que cuesta asimilar. En su apogeo, hacia comienzos del siglo XIX, la Compañía de las Indias Orientales mantenía un ejército privado de alrededor de doscientos sesenta mil soldados. Era, según los cálculos de los historiadores, aproximadamente el doble del tamaño del ejército permanente del propio Estado británico de la época. Una corporación comercial comandaba una de las mayores fuerzas militares del planeta.

La inmensa mayoría de esos soldados no eran británicos. Eran indios: los cipayos, hombres reclutados localmente, entrenados según métodos europeos, equipados con mosquetes y disciplinados bajo bandera de la Compañía. Por una paga relativamente estable y la promesa de un servicio honorable, decenas de miles de indios se convirtieron en el instrumento que sometería a otros indios. Es una de las ironías más amargas de toda la historia colonial: el imperio se construyó, en gran medida, con las manos de los conquistados.

Con ese ejército, la Compañía dejó de ser un actor entre muchos para convertirse en el actor dominante del subcontinente. Derrotó a los franceses. Sometió a los reinos del sur en las guerras contra Mysore, donde cayó el formidable Tipu Sultán. Aplastó a la confederación maratha. Anexó territorio tras territorio mediante una combinación de conquista, tratados desiguales y una política conocida como la "doctrina del lapso", que permitía a la Compañía absorber cualquier Estado cuyo gobernante muriera sin heredero varón directo. Reino tras reino, principado tras principado, el mapa de la India se fue tiñendo del color de una corporación.

Detrás de cada anexión había administradores, recaudadores, jueces y oficiales que respondían no a un rey ni a un parlamento, sino a una junta de accionistas preocupada por los dividendos. La gestión de millones de personas se evaluaba en columnas de ganancias y pérdidas. Y cuando la lógica del beneficio chocaba con el bienestar de la población gobernada, era siempre el beneficio quien ganaba.

La gran hambruna de Bengala de 1770 fue la demostración más atroz de esa lógica. Tras una sequía, la cosecha falló. Pero la Compañía, lejos de aliviar la carga fiscal, la mantuvo e incluso la aumentó en algunos casos para no perder ingresos. Algunos de sus agentes, además, especularon con el grano. Las estimaciones de muertos varían enormemente entre los historiadores, pero las cifras más citadas hablan de varios millones de personas, posiblemente alrededor de un tercio de la población de la región. Una catástrofe humana de proporciones casi inimaginables, agravada por las decisiones de una entidad cuyo deber último era hacia sus inversores.

Es difícil imaginar a los habitantes de Bengala de aquel año comprendiendo del todo qué los gobernaba. No un emperador con rostro, no un dios, no una dinastía. Una abstracción comercial situada al otro lado del mundo, cuyos representantes hablaban una lengua extraña y cuyas decisiones llegaban en forma de impuestos imposibles de pagar.

El detalle que rara vez se cuenta: la Compañía estaba quebrada

Hay un giro en esta historia que contradice la imagen del coloso invencible. La Compañía de las Indias Orientales, la entidad que gobernaba a millones y mantenía un ejército descomunal, estuvo repetidamente al borde de la bancarrota. Su expansión militar era ruinosamente cara. Conquistar territorios costaba más de lo que generaban a corto plazo, y la corrupción de sus funcionarios drenaba sus arcas.

En 1772, apenas siete años después de obtener el derecho a recaudar los impuestos de Bengala, la Compañía tuvo que acudir al gobierno británico a pedir un rescate financiero para no colapsar. Una corporación que controlaba un imperio era insolvente. El gobierno accedió a salvarla, pero a cambio empezó a exigir control. Comenzaba el largo proceso por el cual el Estado británico tomaría progresivamente las riendas de lo que su propia empresa había conquistado. Las reformas de los años siguientes pusieron a la administración india bajo creciente supervisión parlamentaria, aunque la Compañía siguió siendo la cara visible del poder durante décadas más.

Esta dependencia revela la verdad incómoda del asunto: el imperio privado nunca fue del todo privado. Existía porque el Estado británico le permitía existir, lo respaldaba cuando se hundía y le concedía el monopolio del que vivía. Era, en el fondo, una colaboración entre el poder político y el capital, donde las ganancias fueron privadas durante un siglo y las pérdidas, llegado el momento, se socializaron. Pocas historias ilustran con tanta crudeza lo que ocurre cuando se le entrega a una corporación el poder de un Estado.

El año en que el imperio cambió de dueño

El final llegó en 1857. Aquel año, los cipayos —los soldados indios que habían sido el motor de todas las conquistas de la Compañía— se rebelaron. El detonante inmediato fueron los nuevos cartuchos de fusil, supuestamente engrasados con sebo de vaca y cerdo, una afrenta intolerable tanto para los soldados hindúes como para los musulmanes. Pero detrás de aquella chispa ardía un siglo de humillación, despojo y resentimiento. La rebelión se extendió por el norte de la India en una explosión de violencia brutal por ambos bandos. Se la conoce como la Rebelión de los Cipayos o, para muchos en la India, la Primera Guerra de Independencia.

La Compañía logró sofocar el levantamiento, pero a un costo que selló su destino. El gobierno británico, horrorizado y convencido de que ninguna empresa debía seguir administrando un territorio tan vasto, intervino de forma definitiva. En 1858, mediante la Ley de Gobierno de la India, la Corona británica asumió el control directo del subcontinente. Comenzaba el Raj británico. La Compañía de las Indias Orientales, despojada de sus funciones, fue languideciendo hasta su disolución formal en 1874. La empresa que había gobernado a millones, librado guerras y derrumbado reinos, se apagó casi en silencio, como una sociedad mercantil cualquiera que cierra sus libros por última vez.

Durante poco más de un siglo —desde Plassey en 1757 hasta el traspaso a la Corona en 1858— una corporación con sede en Londres gobernó buena parte de la India con su propio ejército, su propia moneda, su propia justicia y su propia hambruna. No fue un Estado el que conquistó un subcontinente. Fue una empresa de accionistas que descubrió que el comercio y la conquista podían ser, llevados a su extremo, exactamente lo mismo. Y cuando finalmente cayó, no la derrotó un enemigo extranjero ni una crisis financiera, sino la rebelión de los mismos hombres a quienes había puesto un fusil en las manos. El imperio que cabía en una oficina de Londres terminó, al final, devorado por su propia creación.