La última transmisión desde un palacio en llamas

Eran las nueve y diez de la mañana del 11 de septiembre de 1973 cuando una voz cansada, casi serena, entró por las ondas de Radio Magallanes. El hombre que hablaba sabía que era la última estación de radio que aún transmitía su mensaje. Las otras habían sido bombardeadas o silenciadas durante la mañana. "Trabajadores de mi Patria", dijo, "tengo fe en Chile y su destino". No era un discurso preparado con anticipación. Era un hombre improvisando su propio epitafio mientras escuchaba los motores de los aviones Hawker Hunter aproximarse.

Salvador Allende Gossens hablaba desde el Palacio de La Moneda, rodeado por un puñado de leales —algunos médicos como él, algunos miembros de su escolta personal, el GAP— y por un arsenal modesto frente a la maquinaria de un golpe militar coordinado. Llevaba un casco prestado y, según testigos, un fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro, con una placa grabada en la culata. Había rechazado las ofertas de salida segura. Le habían ofrecido un avión para abandonar el país con su familia. Respondió que el presidente de Chile no huía.

Afuera, los tanques avanzaban por la Alameda. Los aviones harían pasadas de bombardeo sobre el edificio neoclásico que había sido sede del poder chileno desde el siglo XIX. Dentro, el aire ya olía a humo y pólvora. Allende ordenó a las mujeres que abandonaran el palacio. Ordenó a quienes quisieran rendirse que lo hicieran. Él se quedaría.

Y aquí empieza la verdad incómoda, la que durante décadas se enredó en mitos: nadie de la CIA disparó contra Salvador Allende. Lo que ocurrió fue, en cierto sentido, más perturbador.

El arquitecto invisible que prefirió las manos ajenas

Para entender lo que pasó en La Moneda, hay que retroceder tres años, hasta la noche electoral del 4 de septiembre de 1970, cuando Allende obtuvo la primera mayoría relativa al frente de la Unidad Popular, una coalición de socialistas, comunistas y otros sectores de izquierda, requiriendo la posterior ratificación del Congreso. Fue el primer presidente marxista del mundo en ser elegido democráticamente para gobernar un Estado soberano. Meses antes de las elecciones, Kissinger ya había pronunciado una frase que resumiría la lógica del Imperio: no veía razón para quedarse mirando cómo un país "se volvía comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo".

El presidente Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, vieron en Allende no solo un problema chileno sino un precedente global. Si un marxista podía ganar elecciones libres y gobernar, ¿qué impediría que ocurriera en Italia, en Francia, en cualquier rincón del mundo donde la izquierda tuviera fuerza electoral?

Lo que vino después está documentado en los informes desclasificados del Congreso estadounidense, en particular en el llamado Informe Church de 1975, que investigó las operaciones encubiertas de la CIA. Hubo dos tracks, dos vías paralelas. La primera buscaba impedir que Allende asumiera mediante presiones políticas y económicas. La segunda, conocida como Track II, era más oscura: fomentar un golpe militar antes de que Allende tomara posesión en noviembre de 1970.

El obstáculo principal para ese golpe tenía nombre y apellido: el general René Schneider, comandante en jefe del Ejército, un militar que defendía con firmeza la doctrina constitucionalista. Schneider creía que las Fuerzas Armadas debían respetar el resultado electoral, fuera quien fuera el ganador. Mientras él estuviera al mando, no habría golpe. Para los conspiradores, Schneider tenía que desaparecer del tablero.

El 22 de octubre de 1970, un grupo de militares retirados y civiles de extrema derecha interceptó el automóvil del general Schneider en una calle de Santiago en lo que se planeó como un secuestro. Schneider sacó su arma para defenderse y los atacantes le dispararon. Murió tres días después. La CIA había proporcionado armas y dinero a algunos de los grupos involucrados, aunque la agencia sostuvo que el plan que ejecutó el asesinato no era exactamente el que había patrocinado. La distinción, para el general muerto, carecía de importancia.

El asesinato de Schneider tuvo un efecto contrario al deseado: indignó al país, fortaleció el constitucionalismo militar momentáneamente y permitió que Allende asumiera el 3 de noviembre de 1970. La vía rápida había fracasado. Entonces Washington optó por algo más lento y más cruel.

Hacer aullar la economía

La estrategia quedó condensada en otra frase, atribuida a Nixon en una reunión sobre Chile: "hacer aullar la economía". No se trataba de una invasión ni de un magnicidio directo. Se trataba de estrangular lentamente a un gobierno hasta que el propio cuerpo social chileno expulsara a Allende, o hasta que los militares lo hicieran por su cuenta.

Estados Unidos cortó el crédito internacional. Presionó a los bancos multilaterales para que negaran préstamos a Chile. La economía chilena, que dependía fuertemente de la exportación de cobre y de la importación de bienes esenciales, comenzó a asfixiarse. A esto se sumaron las contradicciones internas del propio proyecto de la Unidad Popular: la nacionalización del cobre, la reforma agraria acelerada, la estatización de empresas y una inflación que se descontroló hasta alcanzar niveles que pulverizaron los salarios. La escasez de alimentos y bienes básicos se volvió cotidiana. Las colas frente a las tiendas se hicieron interminables.

La CIA financió a medios de comunicación opositores, en particular al diario El Mercurio, que se convirtió en un ariete contra el gobierno. Financió huelgas. En 1972 y 1973, los paros de los camioneros —un gremio crucial en un país largo y angosto que dependía del transporte terrestre— paralizaron la distribución de mercancías. Investigaciones posteriores y documentos desclasificados confirmaron que parte de ese financiamiento llegó a sectores de la oposición a través de canales encubiertos. El país se polarizó hasta el borde de la ruptura. Las marchas de un bando se cruzaban con las del otro. Familias enteras se dividieron en la mesa del almuerzo.

Aquí está el matiz que la simplificación borra: Allende no fue derrocado por una bala de la CIA. Fue derrocado por una conjunción de fuerzas en la que la presión externa preparó el terreno, pero donde los protagonistas finales fueron chilenos. Militares chilenos. Empresarios chilenos. Una clase media chilena aterrorizada por la escasez y por el fantasma —real o inflado— de una dictadura del proletariado. La CIA no necesitó apretar el gatillo. Necesitó crear las condiciones para que otros lo hicieran. Y lo logró con paciencia de relojero.

Eso es lo más perturbador. Un asesinato es un acto. Lo que ocurrió en Chile fue un proceso. Una corrosión deliberada del tejido de una sociedad hasta que el golpe pareció, para muchos, no una imposición extranjera sino un alivio nacional. La intervención más efectiva es aquella que logra que la víctima crea que se hizo daño a sí misma.

El general que esperó hasta el final

Hay un detalle que rara vez ocupa el centro del relato y que merece estar ahí. El hombre que comandó el golpe del 11 de septiembre, el general Augusto Pinochet, fue de los últimos altos mandos en sumarse a la conspiración. Durante semanas, los otros golpistas —la Armada, la Fuerza Aérea, sectores del Ejército— no estaban del todo seguros de qué lado tomaría el comandante en jefe del Ejército. Allende mismo confiaba en él. Lo había nombrado en ese cargo apenas semanas antes, el 23 de agosto de 1973, creyéndolo leal a la institucionalidad.

Esa lealtad aparente fue parte de la tragedia. Allende, médico de profesión, hombre de instituciones, había apostado toda su vida política a la idea de que el cambio podía lograrse dentro de la legalidad, sin guerra civil. "La vía chilena al socialismo", la llamaban. Una revolución con empanadas y vino tinto, sin paredón. Confió en que el Ejército respetaría la Constitución como la había respetado Schneider. Cuando descubrió, esa mañana de septiembre, que Pinochet encabezaba la sublevación, ya era demasiado tarde. El cerco estaba cerrado.

Nadie sabe con certeza qué pensó Allende en sus últimas horas dentro del palacio, pero es difícil imaginar que no sintiera el peso de esa traición. El hombre en quien había depositado la cadena de mando volvía esa cadena contra él.

Lo que el humo no pudo borrar

Alrededor del mediodía, los soldados entraron a La Moneda en llamas. Salvador Allende murió ese 11 de septiembre de 1973. Durante décadas, la causa exacta de su muerte fue objeto de disputa: ¿lo asesinaron los militares o se quitó la vida para no rendirse? En 2011, una investigación judicial chilena, con peritajes forenses internacionales, concluyó que Allende se suicidó con el fusil que le había regalado Castro, disparándose mientras el palacio era tomado. No fue una bala de la CIA. No fue siquiera una bala militar. Fue su propia mano, en un acto que muchos interpretaron como la coherencia final de un hombre que prefirió morir presidente antes que vivir prisionero.

Lo que vino después fue una dictadura que duró diecisiete años. Miles de personas fueron detenidas, torturadas, ejecutadas o desaparecidas. El Estadio Nacional de Santiago se convirtió en campo de prisioneros. Cuerpos arrojados al mar, fosas clandestinas, una generación marcada por el miedo. La CIA no mató a Allende, es verdad. Pero la maquinaria que ayudó a poner en marcha tampoco terminó con su muerte. Apenas comenzaba. El precio de "hacer aullar la economía" se cobró en vidas humanas durante casi dos décadas, y sus ecos —en la memoria, en las familias rotas, en una Constitución redactada bajo dictadura que Chile aún discute— siguen vibrando hoy. La bala que faltó fue reemplazada por algo más duradero: un país enseñado a temer su propia historia.