Los niños que Vargas perdió: Que no se repita en La Guaira

En diciembre de 1999, una madre encendió el televisor y creyó ver a su hija. La niña se llamaba Angely Nunes, tenía diez años, y había desaparecido en el litoral central durante el peor desastre natural de la historia moderna de Venezuela. En la pantalla, entre un grupo de infantes rescatados, había una niña de piel blanca, cejas pobladas, hoyuelos, cabello negro azabache. Idéntica a Angely. Su madre viajó, insistió, tocó todas las puertas. Meses después, una prueba de ADN confirmó que no era ella. La lista de niños desaparecidos seguía intacta.

Angely fue una de aproximadamente 119 niñas y niños que quedaron registrados como desaparecidos tras el deslave de Vargas de 1999. Casi ninguno volvió a casa. Y la razón por la que se perdieron no fue solo la furia del lodo: fue lo que ocurrió después, en el caos de los rescates. Esa es la parte de la historia que hoy, con La Guaira otra vez convertida en zona cero, vuelve a ser urgente contar.

Diciembre de 1999: el caos que se tragó los nombres

Entre el 15 y el 17 de diciembre de 1999, lluvias históricas saturaron las montañas de la Cordillera de la Costa y bajaron en aludes de lodo y piedra que sepultaron pueblos enteros del entonces estado Vargas. No hubo —ni hay— cifras oficiales de víctimas; las estimaciones oscilan entre diez mil y cincuenta mil muertos.

En medio de esa desesperación, los rescates se hicieron como se pudo: helicópteros, lanchas, vehículos improvisados. Y en la lógica del "mujeres y niños primero", muchos menores fueron evacuados de los puntos de rescate del aeropuerto de Maiquetía y el puerto de La Guaira solos, separados de sus padres, con la promesa de un reencuentro que en cientos de casos nunca llegó.

Ahí empezó el verdadero drama. Muchos niños —sobre todo bebés y pequeños que no sabían decir su apellido— fueron reubicados sin registro fotográfico, sin huellas, sin ninguna forma de rastrear de dónde venían. Algunos fueron llevados a La Casona, la residencia presidencial, donde se instaló un tribunal de menores improvisado. Cuando semanas después los padres sobrevivientes bajaron de las zonas aisladas o salieron de los hospitales a buscar a sus hijos, las instituciones no sabían dónde estaban. Las listas que alguna vez circularon se traspapelaron. Y las autoridades, en lugar de abrir una búsqueda masiva, cerraron filas: en el año 2000, la presidenta de la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño declaró públicamente que las denuncias de menores entregados en adopciones no correspondían con la realidad.

Nunca hubo un esfuerzo estatal serio por cruzar datos, aplicar pruebas de ADN o revertir las adopciones irregulares. El investigador Rogelio Áltez alcanzó a documentar unos veinte casos de niños que probablemente sobrevivieron y hoy serían adultos que quizás ni siquiera conocen su origen real. Del resto, la incertidumbre se lo tragó todo.

No fue un secuestro planificado. Fue algo, en cierto modo, peor: una negligencia tan grande que borró la identidad de cientos de niños y le arrebató a sus familias la posibilidad de encontrarlos.

Junio de 2026: la misma tierra, la misma amenaza

Veintisiete años después, el mismo territorio —hoy rebautizado como estado La Guaira— volvió a ser el epicentro de una tragedia nacional. El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, con menos de un minuto de diferencia, derribaron torres residenciales completas. Hasta el cierre de esta edición, las cifras oficiales rondan las dos mil personas fallecidas y más de diez mil heridas, con quince mil desplazados y decenas de miles de personas aún sin localizar. (Las cifras siguen actualizándose).

Y con miles de familias viviendo en refugios y campamentos improvisados —muchas con niños pequeños—, el fantasma de 1999 reapareció de inmediato. La prensa venezolana ya lo advirtió esta semana: en la urgencia, cuando la buena voluntad se cruza con la desinformación, un niño sin documentar puede volver a desaparecer del sistema. La historia no tiene que repetirse. Pero para evitarlo hay que saber, con precisión, qué se hizo mal la última vez.

Lo que 1999 nos enseñó, punto por punto

Esta es la parte que importa. No como reproche al pasado, sino como guía para el presente. Lo que sigue no es opinión: es el protocolo que los especialistas en protección de la infancia insisten en que debe cumplirse, aunque el sistema esté colapsado.

Ningún niño rescatado está en condición de adopción inmediata. Esta es la regla de oro. Un niño solo, aunque parezca huérfano, no lo es hasta que se agoten todos los mecanismos para encontrar a su familia. En 1999, asumir la orfandad demasiado rápido fue el error que lo desencadenó todo.

Todo niño debe ser registrado antes que reubicado. Foto, nombre, edad, lugar donde fue rescatado y quién lo entrega. En los refugios de hoy, el personal de salud ha estado fotografiando a los niños y anotando sus datos —a veces escritos en sus propios brazos— precisamente para que no se repita el vacío de registro de hace 27 años. Cada dato anotado es un hilo para volver a casa.

La prioridad es la reunificación familiar, no la reubicación rápida. Vaciar un albergue entregando niños a "familias solidarias" sin proceso legal no es ayudar: es abrir la puerta a que se pierdan. Toda entrega debe pasar por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA), que es la instancia legal encargada de verificar quién es el adulto responsable correcto.

Para las familias que buscan: documenten todo. Nombres, fechas, últimos lugares donde vieron al niño, cualquier fotografía. Acudan a los Consejos de Protección y exijan que los casos queden en registro formal, no en una lista improvisada que pueda traspapelarse. En 1999, la falta de exigencia de pruebas de ADN cerró para siempre demasiadas búsquedas.

Y una responsabilidad que es de todos: la buena voluntad mal encauzada también hace daño. Compartir listas no verificadas, difundir "avistamientos" sin confirmar o mover información falsa satura los canales y despista búsquedas reales. Antes de compartir, verificar. La solidaridad más útil es la que respeta el procedimiento.

Que esta vez la historia sea distinta

Los 119 niños de Vargas no son una estadística. Son Angely, de diez años. Son los hermanitos que alguien vio por última vez en un helicóptero. Son cientos de rostros que sus familias siguieron buscando durante décadas, con la certeza terca de que estaban vivos en algún lugar.

La razón por la que vale la pena recordarlos hoy no es la nostalgia ni el morbo. Es que su historia dejó una lección escrita con dolor, y esa lección puede proteger a los niños de La Guaira que en este momento duermen en una carpa esperando encontrar a los suyos. Un niño registrado es un niño que puede volver. Un niño con nombre no desaparece.

En 1999, Venezuela no supo cuidar esa parte. Hoy, sabiéndolo, tiene la oportunidad de que la tragedia no se lleve también las identidades. Ojalá esta vez la memoria sirva para algo.

Esta edición es distinta a las habituales. Si conoces a alguien en las zonas afectadas, o simplemente quieres que este mensaje llegue a quien pueda necesitarlo, compártelo. A veces la información correcta, a tiempo, es la forma más concreta de ayudar.

Fuentes

• El Estímulo — El misterio de los niños extraviados en el deslave de Vargas (2015): cifra de 119 niños desaparecidos y declaraciones de Marisol Moreno.
• Cinco8 — Los niños perdidos de Vargas: casos documentados por Rogelio Áltez, testimonio sobre La Casona.
• TalCual — Muchos niños se extraviaron en la tragedia de Vargas (2021) y Los niños perdidos: el riesgo aumenta en medio del caos (2026): protocolos de protección y advertencia sobre el presente.
• COFAVIC — expediente del Deslave de Vargas y sentencia de la Corte Interamericana (2005), para el contexto de desapariciones y responsabilidad del Estado.

Wikipedia / CNN en Español / La República — cobertura de los terremotos de Venezuela del 24 de junio de 2026 (magnitudes, víctimas y refugios).